Seguridad y prevención en obras

Para asegurarse que que estos infortunios no sigan ocurriendo:

• Primero, resulta imprescindible fortalecer los protocolos de prevención. Las normas de seguridad en obra deben ser claras, exigibles y monitoreadas por instancias independientes. No basta con que exista la normativa; su implementación debe ser genuina, exigida y auditada. En muchas ocasiones los trabajadores carecen de capacitación suficiente, de equipos adecuados o de condiciones dignas para realizar tareas con alto riesgo.
• Segundo, la capacitación continua y la certificación de competencias técnicas son pilares para reducir la siniestralidad. Invertir en cursos, simulaciones, entrenamiento de rescate y cultura de autoprotección no es un gasto, es una inversión. En todo el país, las universidades e institutos técnicos tienen una función clave como nodos de formación práctica en seguridad, ingeniería estructural y buenas prácticas.
• Tercero, la supervisión técnica y el rol del ingeniero residente deben fortalecerse. En cada etapa del proyecto, desde los cimientos hasta los acabados, debe existir un responsable técnico con poder de veto, autoridad formal para detener la obra ante condiciones peligrosas, y anchura de mandato para garantizar cumplimiento de estándares. Así como se exige al contratista, debe exigirse al profesionista comprometido con responsabilidad técnica.
• Cuarto, la cultura profesional debe evolucionar. En muchas obras persiste una lógica de “hacer rápido” o “ahorrar costes” que ha costado vidas. Cambiar esa mentalidad implica generar incentivos para obras seguras, reconocer públicamente a las empresas con buen historial, sancionar rigurosamente las negligencias y valorar los sistemas que prioricen seguridad sobre velocidad.
• Quinto, la innovación tecnológica puede ayudar. El uso de monitoreo en tiempo real, sensores de detección de caídas, sistemas de documentación digital en obra (modelos BIM, por ejemplo) y vigilancia permanente contribuyen no solo a mejorar eficiencia, sino a identificar riesgos antes de que se traduzcan en tragedias. Estas herramientas deben integrarse al proyecto desde el diseño, no como añadidos tardíos.
• Sexto, la responsabilidad social de los actores de la cadena es imprescindible. Empresas constructoras, colaboradores, proveedores, autoridades de obra y entidades regulatorias deben sentirse corresponsables frente al bienestar de los trabajadores. Un accidente no debe verse como “casualidad”, sino como alerta de fallas sistémicas compartidas.
• Séptimo, el entorno normativo debe acompañar. Las leyes de obra pública, licitaciones, seguros de responsabilidad civil y estándares técnicos deben ajustarse periódicamente para incorporar lecciones de campo, avances tecnológicos y mejores prácticas internacionales. Los gobernantes locales y estatales también deben poner como condición ineludible la seguridad como criterio de elegibilidad para otorgar permisos y contratos.
• Octavo, la divulgación y sensibilización son vitales. Cada muerte o lesión grave debe convertirse en insumo para difusión técnica: estudios de caso, análisis forenses, conferencias, congresos y publicaciones que aprovechen las experiencias para reforzar capacitación y prevención. En el ámbito local, los colegios de ingenieros, asociaciones y organismos públicos deben liderar ese proceso.
• Noveno, la rendición de cuentas debe ser efectiva. Cuando ocurre un accidente mortal, debe investigarse con transparencia, identificar responsabilidades y aplicar sanciones ejemplares cuando haya negligencia técnica o administrativa. Eso genera confianza, disuade malos procedimientos y envía un mensaje claro: la seguridad no es negociable.
• Décimo (y quizá el más importante): la vida humana debe prevalecer sobre plazos, costos o utilidades. En el corazón de la ingeniería mecánica, civil y de construcción está el propósito de edificar de forma segura, duradera y funcional. Si ese propósito no incluye la salvaguarda del capital humano que lo hace posible, entonces perdemos el sentido profundo de nuestra profesión.