En el mes de abril del año 2022, México fue testigo de un giro transcendental en su política ambiental y económica. La administración federal, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, decidió condicionar la autorización de un polémico plan a la cancelación definitiva de operaciones extractivas que estaban teniendo un profundo impacto en el ecosistema de una vasta extensión de tierras en Quintana Roo. Este requerimiento fue acompañado por una audaz oferta: comprar más de 2,000 hectáreas de terreno concesionadas previamente a la empresa Calica, con la intención de transformarlas en un parque natural y, de esta manera, preservar la biodiversidad de la región.
Calica, empresa dedicada a la extracción de roca caliza, rechazó categóricamente esta propuesta, lo que marcó el inicio de un conflicto que culminó con la clausura de sus instalaciones por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) el 6 de mayo del mismo año. A partir de ese momento, el caso Calica quedó bajo la jurisdicción de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), cuya titular, María Luisa Albores, asumió el compromiso de cumplir la instrucción presidencial de ampliar las reservas naturales y garantizar la preservación de las áreas protegidas en el territorio mexicano.
Recientemente, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó una declaratoria trascendental para la conservación ambiental en México. Se anunciaron 13 nuevas reservas naturales en predios de FONATUR, distribuidos estratégicamente en Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo. Este anuncio marcó un hito en la lucha por la protección de la riqueza biológica y ecosistémica que caracteriza a estas regiones del país.
En consonancia con estos acontecimientos, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su intención de emitir un decreto que declare como áreas naturales protegidas aquellos predios de Calica que aún no han sufrido los estragos de la extracción de piedra caliza. Este acto, que sería una suerte de expropiación de facto, tiene como propósito central la recuperación de las áreas que han sido fuertemente impactadas, para ser transformadas en un parque ecoturístico administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Además, se busca recuperar la terminal marítima privada de Punta Venado y evitar que la compañía estadounidense continúe operando en el país.
Vulcan Materials, a través de su filial SAC-TUN, ha explotado durante 36 años vastas áreas de selva, ríos subterráneos, cenotes y manglares en Quintana Roo para extraer roca caliza con el fin de exportarla a Estados Unidos. Este proceso extractivo ha tenido consecuencias ambientales de gran magnitud, incluyendo la contaminación del agua con nitratos y otras sustancias a causa del uso continuo de explosivos.
No obstante, los estragos van más allá. La actividad minera ha tenido un impacto devastador en la biodiversidad del sitio, afectando a un total de 942 especies, incluyendo fauna y flora, entre las que se encuentran algunas en peligro de extinción. Este desastre ecológico se considera uno de los mayores causados por una empresa extranjera en la Península de Yucatán y, en especial, en la Riviera Maya.
Además de la degradación ambiental, SAC-TUN ha incurrido en prácticas ilegales, como la retención de agua subterránea en una escala considerablemente mayor que la autorizada, lo que ha causado hundimientos y colapsos en la zona. A pesar de los daños evidentes causados al entorno natural, la empresa no ha llevado a cabo obras de remediación ambiental en la zona, lo cual agrava aún más la situación.
Frente a esta crítica coyuntura, el presidente López Obrador cuestiona la posición de la empresa estadounidense en relación con el cambio climático y plantea la necesidad apremiante de actuar en defensa del medio ambiente. En esta línea, propone la compra de las tierras y su posterior conversión en reservas naturales, con el objetivo de preservar la biodiversidad y evitar futuras explotaciones que puedan dañar de manera irreparable el delicado ecosistema de la región.
El caso Calica, más allá de un conflicto local, representa un símbolo de la creciente conciencia ambiental en México y en el mundo. La lucha por la preservación del medio ambiente, la biodiversidad y la mitigación de los impactos negativos de la actividad humana en la naturaleza es un desafío global. Es un llamado a la responsabilidad, a la acción y a la unión de esfuerzos para garantizar un futuro sostenible y equilibrado para las generaciones venideras. Este caso invita a reflexionar sobre la importancia de priorizar la protección de nuestro entorno natural sobre intereses económicos a corto plazo, a fin de asegurar un legado ambiental duradero y saludable para las futuras generaciones.
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